El supervisor estima entre 40.000 y 50.000 millones el sobrecoste anual del fraude y la manipulación que se producen en los contratos del Estado. La CNMC ha iniciado una ronda de contactos con los principales departamentos ministeriales y centros oficiales de contratación para poner en marcha una serie de actuaciones que permitan evitar el enorme sobrecoste causado por la falta de competencia en las licitaciones del Estado. El ‘agujero’ que acarrean los fraudes en las compras públicas alcanza anualmente un importe de entre 40.000 y 50.000 millones en España, de acuerdo con los datos que maneja el organismo regulador. No en vano, la contratación pública representa el 15% del PIB en nuestro país.
La primera y más urgente medida que va a poner en marcha de manera inmediata la CNMC consiste en una guía de conducta para que todos los altos funcionarios responsables en la elaboración y ejecución de contratos públicos sepan a qué atenerse cada vez que abordan un proceso de licitación a nombre del Estado. La estrategia del organismo que preside José María Marín Quemada se inscribe dentro del marco de actuación seguido en toda la Unión Europea por las distintas autoridades nacionales de competencia con el fin de asegurar el correcto y eficaz uso de los fondos públicos.
El código de la CNMC pone el dedo en la llaga de las manipulaciones que afectan a los aprovisionamientos del Estado y reclama a los responsables de las licitaciones oficiales un doble esfuerzo destinado, por una parte, a la mejora en el diseño de los concursos y, por otro lado, a la persecución de los acuerdos de los contratistas para no competir. La cruzada contra los cárteles emprendida por el regulador único de los mercados ha puesto de manifiesto que la contratación pública es uno de los grandes caldos de cultivo donde se desarrollan los principales grupos de interés contrarios a las más elementales normas de competencia.
La CNMC ha puesto el dedo en la llaga de la contratación pública, uno de los elementos que más favorecen la creación de cárteles en España
A tal efecto, el organismo regulador de los mercados ha elaborado una lista de indicios que permiten identificar casos de mala praxis en procedimientos de licitación, al tiempo que reclama la colaboración de los funcionarios con la denuncia inmediata de cualquier atisbo de irregularidad a la propia CNMC. Las investigaciones realizadas a instancias de parte contarán con plena confidencialidad, tal y como ocurre con otros procedimientos internos de la casa. Cabe recordar en este capítulo el nuevo buzón de denuncias habilitado a finales del pasado año para que los propios trabajadores de la institución puedan defenderse de los eventuales abusos de autoridad de sus superiores, incluyendo a los propios miembros comisionados del pleno del consejo.
La nueva guía de la CNMC alerta de los supuestos de fraude en la contratación pública a partir de un decálogo de situaciones sospechosas, como son el reducido número de licitadores, las ofertas incoherentes de un mismo licitador, las similitudes entre varias ofertas, los síntomas de boicot y las ofertas no competitivas. También señala como otras posibilidades de manipulación los patrones de comportamiento sospechoso entre empresas licitadoras, la subcontratación no justificada, las ofertas presentadas por las mismas personas físicas, las ofertas que muestran la misma redacción, formato o errores y las uniones temporales de empresas (UTE) entre licitadores sin una justificación aparente.
La CNMC incluirá además en el nuevo manual una serie de recomendaciones preventivas para mejorar los fundamentos más elementales de la contratación pública. La primera regla de funcionamiento que plantea el regulador consiste en que los organismos contratantes del Estado conozcan su mercado de influencia, los casos de colusión que se hayan podido producir con anterioridad y si existen otros bienes o servicios análogos al que se plantea en la licitación. El regulador desaconseja el recurso a las encomiendas o encargos directos, así como también a los convenios de colaboración y a la subcontratación de actividades, mostrando su preferencia por el concurso como factor básico de competencia.
El regulador pide que los concursos del Estado no favorezcan a operadores concreto y que primen el precio como elemento de mayor peso en las ofertas
La guía especifica que los contratos deben efectuarse a partir de procedimientos abiertos que, en opinión de la CNMC, generan un 20% de ahorro medio. En este mismo sentido, el código rechaza la adopción de acuerdos marco para no cerrar los mercados a nuevos entrantes y ofrece una serie de enunciados para asegurar un acceso igualitario, entre los que se incluyen la promoción de medios telemáticos y plazos generosos para la presentación de ofertas, la recepción de un número de propuestas superior al mínimo legal o la exigencia de umbrales de solvencia económica y profesional en niveles proporcionales al objeto del contrato.
El organismo regulador subraya la pérdida de eficiencia que puede generar la división por lotes y destaca que el precio debe ser el elemento de mayor peso en las ofertas, en tanto que los demás factores deben ser evaluados siempre mediante fórmulas objetivas. El ‘supervisor mayor del reino’ remata su guía de conducta con una recomendación realmente lapidaria: “No favorezcas con los criterios de adjudicación a operadores concretos, en especial a los de contratos anteriores frente a los nuevos entrantes”. Una sugerencia que condensa y evidencia el sentimiento de recelo que las autoridades de competencia mantienen sobre los actuales y onerosos sistemas de contratación pública en España.
